Devueltas 87 hectáreas a víctimas del paramilitarismo y beneficios para 400 personas en Timbío, por

Ochenta y siete hectáreas serán restituidas a 9 familias campesinas que conforman la Empresa Comunitaria Hato Nuevo del municipio de Timbío, según la sentencia 081 del 24 de agosto de 2016, emitida por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán.

Los beneficiarios, quienes hacen parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, fueron víctimas de abandono forzado de tierras por causa de amenazas, intimidaciones, secuestro y homicidios selectivos de familiares y vecinos, a raíz de la violencia ejercida por grupos paramilitares entre los años 2000 y 2005.

“Hoy la justicia es la encargada de devolverles lo que legítimamente les pertenece y el Estado de garantizar la aplicación de las medidas de reparación como lo ordena la Ley 1448 de 2011. Esta sentencia traza el camino para la reconstrucción de tejido social y la reactivación del campo caucano, a partir de la implementación de proyectos productivos que respondan a la vocación agrícola del suelo, viviendas dignas, y acceso prioritario a los servicios de salud y educación, entre otros”, señaló María del Mar Chaves Chavarro, directora territorial Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras.

Es importante resaltar que el fallo judicial también protege colectivamente a todos los habitantes de la vereda Hato Nuevo, municipio de Timbío, cerca de 400 personas, quienes se verán favorecidas con el mejoramiento de vías, construcción de un salón comunal y centro deportivo, entre otras obras, que impulsan la productividad de las tierras y el sostenimiento económico de las familias, así como la sana convivencia.

Lo anterior da cuenta de que esta política de Estado trasciende el mero enfoque restaurativo, privilegiando la verdadera vocación transformadora de la restitución. Para Gilberto Marín Tosne, beneficiario de restitución e integrante de la ANUC, el hecho de que la sentencia de restitución de tierras se entregue en el marco de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las Farc es una muestra de que se puede confiar en el proceso de construcción de una paz duradera. “Creemos que beneficiando a toda una comunidad con inversión para el bienestar de todos se construye la verdadera paz. No va a ser fácil, pero si nosotros le ponemos voluntad a las iniciativas, somos veedores del cumplimiento y fortalecemos los procesos organizativos vamos a salir adelante. El daño que causa la guerra no lo cura nadie, pero sí podemos mitigarlo, reconociéndonos como sujetos de derecho en un proceso de construcción de paz con justicia social”.